De tormentas que matan, abandono estatal y plazas enardecidas

Guatemala, 18 de noviembre. El huracán Iota, 30 de la temporada, ya degradado a depresión tropical a su paso por las montañas centroamericanas, ocasiona nuevas lluvias torrenciales en las comunidades ya devastadas a principio de mes por la Tormenta Tropical Eta. Más que tormentas, parecen infames máquinas del tiempo que retrocederán 10 o 20 años en materia de desarrollo social a más de 5 millones de personas en Centroamérica.

Esa misma noche, mismo país, ya de madrugada, 115 diligentes diputados votaban de “urgencia nacional” un presupuesto estatal para el año entrante (2021) que reducía los montos destinados a combatir la desnutrición de la niñez, “olvidaban” presupuestar la compra de vacunas suficientes para proteger a la población del Covid-19 o financiar la reconstrucción de la devastación que dejaron las tormentas. Lo que no olvidaron fue procurarse montos más altos para sus dietas y la posibilidad de contratar obra pública para sus financistas o sus propias empresas constructoras.

Para la ciudadanía guatemalteca, este presupuesto abultado y financiado mayoritariamente con deuda pública, era la gota que colmaba el vaso de las ignominias gubernamentales. Las aún tibias cenizas de la plaza de la constitución, que en 2015 ardía de indignación por la corrupción galopante y pedía la renuncia del presidente de ese entonces, encendían su llama nuevamente ante la evidencia abrumadora de que nada había cambiado, de que las mafias habían sabido acomodar de manera habilidosa sus alfiles, comprar impunidad y asaltar una vez más las arcas públicas sin el menor recato.

Esa plaza en ciudad Guatemala y otras en las cabeceras departamentales, llenas de banderas, de carteles, de consignas y de indignación, les quedaban muy lejanas al 60% de la población guatemalteca sumida en la pobreza y que ostenta el primer lugar en Latinoamérica y el sexto en el mundo, de la desnutrición infantil. Aún más lejanas estaban las plazas para los más de 1.8 millones de damnificados por las tormentas que no conseguían sobreponerse de la primera, cuando la llegada de la segunda dejaba en escombros lo poco que quedaba en pie. El indolente abandono estatal nunca había sido tan patente, como cuando las aguas les arrebataban sus precarios medios de vida en medio de una pandemia a las poblaciones históricamente relegadas, y que no vislumbraban la menor inversión pública para solventar las necesidades más urgentes.

Regresando a la plaza, una imagen compartida en redes sociales resaltaba entre todas las banderas y la indignación: un joven, blanco, urbano, presumiblemente de clase media por sus ropas, bandera en mano, lentes oscuros, cubre bocas y sobre éste, una mascarilla KN95 adicional (porque protegerse apropiadamente del Covid-19 no es un lujo que todos pueden darse), es retratado de pie; mientras otro joven de vestimenta sencilla, moreno, con mascarilla reutilizable de tela, agachado sobre un cajón le lustra los zapatos. La imagen es poderosa, no solo por las dos maneras tan desiguales de llegar a la plaza para la población urbana, si no a la luz de los cientos de miles que han quedado en albergues y abandonados por la institucionalidad pública, que es incapaz de proveer lo más básico en medio de las múltiples crisis que ya resulta tedioso citar.

Imposible no preguntarse, al ver esa imagen en la plaza y las de las comunidades empobrecidas asoladas por las tormentas, cuántas personas están en condiciones de ejercer su ciudadanía; qué tanto se puede hablar de democracia en un país en donde el 60% de su población no tiene más prioridad que procurarse un plato de comida para ellos y los suyos para el día de hoy, porque el de mañana, es mejor dejarlo para cuando toque, porque ya con lo de hoy es demasiado.

Sí, hubo represión de las protestas en las plazas, lamentables daños físicos para manifestantes, dos personas perdieron un ojo, 42 fueron llevados a tribunales y una periodista fue detenida. Esta situación no es propia de un país en el que su élite económica y política se proclama “libertaria”, en especial ante cualquier exigencia de inversión social y que recurre al discurso de la “soberanía nacional” cuando la comunidad internacional pide cuentas sobre las violaciones de derechos humanos o cuando los políticos y empresarios enfrentan procesos penales por corrupción.

La reciente violencia estatal es absolutamente inaceptable, pero también lo han sido, durante más décadas de las que quisiéramos contar, los cientos de líderes y lideresas comunitarias, no solo apresados de manera espuria (que son muchos), si no también asesinados por defender sus territorios frente al asedio de los grandes capitales, nacionales y extranjeros, o más bien una mezcla de ambos, que se frotan las manos por expoliar lo que está abajo o sobre los suelos de sus comunidades, con la venia de instituciones gubernamentales plegadas a fuerza de coimas a sus intereses.

Ante la represión del gobierno contra los manifestantes de la plaza, las autoridades indígenas de los 48 cantones de Totonicapán y otros colectivos de comunidades indígenas también llenan la plaza de la ciudad para exigir que se respete el derecho a manifestar, cesen los abusos y el uso excesivo de la fuerza pública. No hemos visto movilizaciones de parte de la clase media urbana tan contundentes cuando las agresiones van en contra de líderes campesinos, o para expresar el repudio ante los asesinatos de liderazgos comunitarios. No es demeritar la movilización urbana, ni minimizar los daños de quienes sufrieron agresiones, daños físicos o los que fueron apresados este 21 de noviembre, es una reflexión sobre los puentes que falta por tender, por las conexiones, por la empatía pendiente entre quienes tienen posibilidad de ejercer sus derechos y los millones que solo pueden pensar en el día a día.

En este ambiente convulso y de desigualdades que “lloran sangre”, algunas reflexiones son ineludibles: ¿Alcanzará la indignación de la pequeña clase media urbana guatemalteca para impulsar los cambios estructurales que se requieren y transformar el sistema que condena a millones de personas a la pobreza y a la desnutrición? Y si esa indignación urbana gana la partida ¿estarán conectados con las demandas de las mayorías que no alcanzan a llegar a la plaza en la misma condición de ciudadanos? ¿Le cederán un espacio digno y con suficiente peso a los pueblos indígenas para que dejen de ser ninguneados y discriminados?  O sencillamente, sin la inclusión de esos millones de personas, cuya prioridad absoluta es la comida del día, en la movilización ciudadana ningún cambio estructural es posible.

Todo parece mecerse entre lo imposible y lo posible, todas las cavilaciones dan para hacerse muchos escenarios. Esperemos que, en cualesquiera de los posibles escenarios, gane el que permita “darles plaza” a los millones de personas a quienes les queda tan lejana ahora, a esos millones de personas que luchan para sobreponerse y recuperar la esperanza entre tormentas devastadoras, la pobreza estructural y el abandono estatal.