Una vacuna efectiva y universal en América Latina y el Caribe

Una vacuna efectiva y universal

Las vacunas contra la COVID-19 son eficaces en reducir la enfermedad y podrían ser la principal herramienta para que los países recuperen las condiciones que les permitan superar las múltiples crisis derivadas, reveladas o profundizadas por la pandemia.  

La mayoría de las vacunas desarrolladas han sido compradas o comprometidas por países ricos: EE.UU., Canadá, Israel, EAU, Australia y Japón, y otros pocos. Aunque se anticipa un incremento de la producción, el acceso a las vacunas anticovid para los países de la región depende de acuerdos bilaterales, multilaterales –con Covax y otros esquemas-, y, claro, de la oferta de mercado para quienes puedan pagarla de manera directa.  

El “nacionalismo de las vacunas” en países desarrollados y el modelo de producción y distribución de las farmacéuticas genera lentitud en la producción y adquisición, desigualdad entre países, pero también desigualdad al interior de ellos, más aún en la región.  

Por cuenta de la escasez y alta demanda de vacunas, se anticipan nuevos conflictos en la región pues habrá personas excluidas a su acceso por disponibilidad, logística, precio o limitaciones en los planes nacionales. Aunque se espera que la presión política movilice a los Gobiernos a mostrar resultados de su gestión promoviendo planes de vacunación.  

 

 

 
La adquisición de las vacunas requiere de cooperación regional para garantizar que los países más pequeños de la región no dependan únicamente de COVAX o de donaciones para alcanzar la vacunación universal contra la Covid-19. Esto se puede dar a través del fomento de negociaciones multilaterales regionales en bloque, como lo hace la Unión Europea o la Unión Africana, así como mediante donaciones o préstamos interamericanos que permita que los países inicien su vacunación o que avancen en esta de forma ininterrumpida. 
 
 
 
Los países de la región LAC deben informar adecuadamente la forma en la que la población más vulnerable, como la migrante o con enfermedades y condiciones de riesgo, podrá acceder a las vacunas contra el Covid-19. Es preocupante que la población en situación de movilidad no sea mencionada en los planes de priorización, salvo en Argentina y Bolivia, especialmente porque este grupo ha enfrentado históricamente barreras al acceso a servicios de salud que se generan por barreras administrativas producto de su estatus migratorio. Muchos países han iniciado sus programas de vacunación en población mayor de 60 años o en personas que tienen alguna enfermedad o condición de riesgo de complicación por covid-19, criterios que también podríacumplir una persona migrante. Aclarar la forma en la que los migrantes podrán acceder a la vacunación es fundamental para garantizar que su acceso sea equitativo. 
 
 
El acceso a información oportuna y de calidad sobre la adquisición de las vacunas y el avance de las campañas de vacunación es fundamental para vigilar la adecuada distribución de las vacunas contra el covid-19 desde la ciudadanía y en especial para conocer si existen diferencias en determinados grupos poblacionales. No basta con conocer el número de vacunas administradas si no se conocen las características de quienes las están recibiendo. Los países tienen el deber de presentar a sus ciudadanos la mayor información disponible, de modo que la política pública de vacunación sea transparente y permita ser analizada y retroalimentada para corregir situaciones de inequidad en el acceso a las vacunas.