Comunidades en Guatemala alzan la voz ante el Banco Mundial por vulneración de sus derechos humanos frente a empresa hidroeléctrica

Ex presos políticos y comunitarios agredidos por empresa Hidroeléctrica siguen demandando una respuesta de la Corporación Financiera Internacional (IFC), ente del Banco Mundial. Esto luego de que su instancia de rendición de cuentas, la CAO, publicara en febrero de 2020 un informe de cumplimiento, en el que se reconocían las vulneraciones a los derechos de los comunitarios en el marco de un megaproyecto financiado por esta instancia financiera. La IFC, tras reconocer que hubo daños, se limitó a presentar un plan de acción que está orientado a medidas a tomar para futuras inversiones, pero sin ninguna medida orientada a reparar los daños ocasionados en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango en Guatemala.

En julio de 2015, las comunidades denunciaron, entre otras, que no fue tomada en cuenta la consulta comunitaria celebrada en 2007 para decidir sobre la explotación de sus bienes naturales; y también que se adquirieron tierras a través de presiones y engaños –sin informar para qué se destinarían esas propiedades-. Además, señalaron el impacto ambiental del proyecto, pues pese a ser una presa pequeña tendría una segunda fase que consistiría en una presa de mayor tamaño, lo que podría generar un impacto ecológico acumulativo.  La población también denunció ante la CAO, el uso de las fuerzas de seguridad de la empresa Hidro Santacruz para agredir a la población que se oponía al proyecto.

Tras una larga espera, las comunidades siguen esperando una solución a los problemas que trajo la empresa. Por ello, piden que se esclarezca quién tiene los títulos de propiedad de la empresa, y que los mismos pasen a manos de las comunidades, y no de quienes puedan traer otro proyecto similar.