Un nuevo índice muestra cómo los Gobiernos de todo el mundo han alimentado una explosión de desigualdad durante la pandemia de COVID-19

La mitad de los países más pobres redujo su gasto en salud pese a la pandemia, mientras que el 95 % congeló o incluso rebajó los impuestos a las empresas y personas más ricas.

Según revela una nueva investigación de Oxfam y Development Finance International (DFI), tanto los países de renta alta, como los de renta baja han alimentado una explosión de desigualdad económica desde la irrupción de la pandemia en 2020.

La inmensa mayoría de Gobiernos recortó su gasto en salud, educación y protección social, negándose a subir los impuestos sobre los beneficios corporativos extraordinarios y la acumulación de la riqueza.

El Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad 2022 (Índice CRI) constituye el primer análisis detallado sobre las políticas y las medidas destinadas a acabar con las desigualdades que 161 países podrían haber aplicado durante los dos primeros años de la pandemia.

El índice muestra cómo la mitad de los países de renta baja y media baja recortó su gasto en salud, a pesar de haber experimentado la mayor crisis de salud pública del último siglo. La mitad de los países (77) recortó también su gasto en protección social, y el 70 % redujo el presupuesto destinado a la educación.

A pesar del aumento sin precedentes de la pobreza y de que, las y los trabajadores se enfrentan a un alza del precio de los alimentos y la energía no vistos en décadas, dos tercios de los países no equipararon su salario mínimo al crecimiento económico. Pese a la enorme presión sobre sus finanzas públicas, 143 de 161 países congelaron los impuestos aplicables a su población más rica, y 11 países incluso llegaron a rebajarlos.

Gabriela Bucher, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, revela que el índice muestra que la mayoría de los Gobiernos ha fracasado a la hora de tomar las medidas necesarias para contrarrestar la explosión de desigualdades generada por la pandemia de COVID-19. Explica que muchos han suprimido servicios públicos cuando más se necesitaban y, en cambio, han permitido que los milmillonarios y las grandes empresas acumulen beneficios récord y destaca que afortunadamente, hay ejemplos de Gobiernos decididos, desde el Caribe hasta Asia, que no han seguido esta tendencia y han tomado firmes medidas para controlar las desigualdades.

De acuerdo al Índice, algunos países de renta baja y media han tomado importantes medidas para reducir las desigualdades.  América Latina y el Caribe se destaca por las acciones adoptadas por algunos gobiernos que optaron por una política de tributación más progresiva: 

• Costa Rica ha aumentado en 10 puntos porcentuales su tipo marginal en el impuesto sobre la renta personal.

• Argentina aplicó un impuesto único a la riqueza para cubrir los gastos del COVID-19 con tasas progresivas de 2% al 5,25% en 2020. En 2021 introdujo un sistema de tributación progresivo a las empresas, donde las pequeñas contribuyen con 25%; mientras las mayores pagan 35%. En 2022 ha propuesto un impuesto a la sobreganancias empresariales.
• Bolivia introdujo un impuesto permanente y progresivo de 1.4 a 2.4% a la riqueza superior a los 4 millones y anunció el reembolso del 5% del IVA para los ciudadanos más pobres a fines del 2020.
• Chile ha propuesto una reforma tributaria para aumentar el tipo marginal del impuesto de renta personal a 43%. Asimismo, propuso incrementar la tributación de ganancias de capital para equiparar con el impuesto a renta, introducir un impuesto progresivo a las grandes fortunas, y ampliar los royalties a las empresas extractoras de cobre.

Sin embargo, solo el 25% de los países de América Latina y Caribe (ALC) ha mejorado progresivamente su gasto social. En contraste, muchos ya están aplicando medidas de austeridad. La informalidad, derechos laborales precarios y salarios injustos continúan siendo el patrón en la región; únicamente el 33% de los países ha mejorado en el pilar laboral. “Existen alternativas a la austeridad para promover la recuperación económica. Esto implicaría que los países se comprometan con la reducción de desigualdades, adoptando políticas fiscales más progresivas y que sigan el ejemplo del 16 % de los países de ALC que han priorizado nuevos impuestos sobre los beneficios corporativos extraordinarios y la acumulación de la riqueza. Lo que permitirá construir una ola de esperanza y oportunidades en la región” declara, a su vez, Grazielle Custódio David, coordinadora regional de justicia económica de Oxfam en ALC.

En tanto, los ministros y ministras de finanzas acuden a Washington a las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, los países en desarrollo se enfrentan a una economía global que les está dificultando cubrir las necesidades de su población. Los países ricos, si bien, han movilizado billones para sus propias economías, han fracasado a la hora de incrementar la ayuda a países empobrecidos durante la pandemia. La insistencia del FMI para que se adopten nuevas medidas de austeridad para reducir la deuda y los déficits presupuestarios está exacerbando la pobreza y la desigualdad en los países de renta baja y media-baja.

El debate ha dado un giro catastrófico: ha pasado de cómo abordar las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19 a cómo reducir la deuda mediante recortes abismales del gasto público y congelaciones salariales. Guiado por el FMI, el mundo se dirige a ciegas hacia la adopción de medidas de austeridad que incrementarán aún más las desigualdades.

Eso es lo que demuestra también el recién lanzado informe de Oxfam “La sombra de la austeridad: quien paga la cuenta del Covid-19 en América Latina y Caribe”. La región, epicentro de la crisis sanitaria y económica de estos dos últimos años, recibió el 70% de los fondos globales del FMI, y en el 85% de los casos, el Fondo ha estado alentando políticas de austeridad fiscal. Con la adopción de recortes en los gastos sociales, el endurecimiento de las condiciones laborales, las privatizaciones y/o la promoción de reformas tributarias regresivas como el incremento del IVA, el hambre, la pobreza y las desigualdades se amplían en la región, como demuestran los estudios de caso de cuatro países descritos en dicho informe.

El análisis de Oxfam y DFI muestra cómo tres cuartas partes de los países a nivel mundial prevén nuevos recortes en sus presupuestos de cara a los próximos cinco años por un valor de 7,8 billones de dólares, según datos del FMI.

En 2021, los países de renta baja destinaron el 27,5 % de sus presupuestos al pago de la deuda, una cantidad que representa dos veces su gasto en educación, cuatro veces su gasto en salud y cerca de 12 veces su gasto en protección social.

“Por cada dólar que se destina al gasto en salud, los países en desarrollo pagan cuatro dólares por servicio de deuda a acreedores millonarios. Es esencial que se apliquen impuestos más elevados a los más ricos y que se alivie fuertemente la deuda para permitir que estos países puedan reducir drásticamente las desigualdades", afirma Martin.

Sin embargo, a pesar de los precedentes históricos, prácticamente ningún país decidió aumentar la imposición fiscal a las personas más ricas, ni aplicar impuestos a los beneficios corporativos extraordinarios durante la crisis de COVID-19. En momentos críticos, como la epidemia de gripe de 1918, la depresión económica de 1930, y la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países ricos subió los impuestos a los más ricos e introdujo impuestos a los beneficios extraordinarios de las empresas, utilizando el dinero recaudado para invertir en sistemas de educación, salud y protección social.