Comunicado: La sociedad de cuidados no es una oportunidad de negocio

Felicitamos que, en el marco de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, se abriera el debate sobre la responsabilidad ineludible de los Estados de movilizar recursos públicos con la máxima ambición para garantizar derechos, entre ellos el derecho autónomo al cuidado, reconocido recientemente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-31/25. 

Celebramos que, como resultado de este espacio regional y de la audacia de los Gobiernos que congruentes con el principio de justicia social, el Compromiso de Tlatelolco incorpore elementos que señalan las desigualdades estructurales generadas y reproducidas, en parte, por las reglas del juego que rigen la actual arquitectura financiera internacional y la desigual distribución de poder en los espacios de toma de decisión. En este sentido, nos congratulamos que se condenen las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones comerciales [p. 46], se haga un llamado al fortalecimiento de la cooperación regional para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscales [p. 37], así como el impulso para que los Estados adopten políticas fiscales progresivas [p. 35] , donde las personas y empresas  que concentran los niveles más altos de ingreso y riqueza contribuyan en mayor proporción, incluyendo a través de impuestos directos como a la riqueza [p. 37], y que se promueva el aumento a la proporción de recursos a disposición de las mujeres, adolescentes y niñas sin condicionalidades [p. 41]. 

Foto: CEPAL

 

Sin embargo, expresamos nuestra preocupación sobre la permanencia de un lenguaje que legitima y promueve  la participación del sector privado en el ámbito de los cuidados sin que se establezcan criterios ni regulaciones claras a fin de evitar que los derechos se conviertan en privilegios. En particular, llamamos la atención sobre el párrafo: 

61. Impulsar un acelerador de inversiones en sistemas y políticas de cuidado a través de la cooperación entre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, los bancos regionales, subregionales y nacionales de desarrollo, y otros actores del desarrollo a fin de movilizar recursos y establecer mecanismos de financiamiento público y privado, entre otros, e instrumentos multilaterales de garantía que estén a disposición de los países de la región y que permitan fortalecer la infraestructura, los servicios y la profesionalización del sector del cuidado desde una perspectiva de género en América Latina y el Caribe […]

Este planteamiento abre la puerta a endeudamiento público, bonos, asociaciones público-privadas (APP) y canjes de deuda, mecanismos de financiamiento que, lejos de ser neutrales, profundizan la mercantilización de los derechos que deben ser garantizados por los Estados —como la salud, la educación y los cuidados—. En contextos de alta vulnerabilidad fiscal e inestabilidad política como el actual, es indispensable que no se promueva la privatización de los servicios públicos bajo el falso argumento de mayor eficiencia ante limitados recursos públicos. 

Si bien reconocemos que la implementación de políticas y sistemas de cuidado requiere de recursos financieros suficientes y sostenibles en el tiempo, nos preocupa también que a lo largo del Compromiso no se planteen las obligaciones exigibles y fiscalizables del sector privado. Por ejemplo, en relación con la seguridad social contributiva, pues insistimos en que este sector debe garantizar los derechos labores y hacerse corresponsable fortaleciendo y ampliando prestaciones de cuidados para la población trabajadora. Además de cumplir debidamente con sus obligaciones tributarias, pues de esta forma los Estados no renuncian a sus obligaciones como garantes de los derechos humanos mediante la provisión de servicios públicos.

Enfatizamos que los cuidados sostienen la vida y por lo tanto deben reafirmarse como una necesidad, un trabajo y un derecho, y que un enfoque distinto, donde los cuidados sean percibidos como un negocio y un acelerador de la economía y la productividad, los pone en riesgo de su reducción, mercantilización e instrumentalización perpetuando brechas de desigualdad.

En síntesis, los Estados deben buscar ampliar su espacio fiscal mediante: i) la revisión de las renuncias recaudatorias que se encuentran vigentes, que en muchos casos tienden a ser regresivas y promueven actividades económicas extractivas; ii) redoblar los esfuerzos de cooperación regional para combatir la elusión y evasión fiscal, abonando a la erradicación de los flujos financieros ilícitos e iii)  impulsar medidas tributarias más  ambiciosas y redistributivas, como la introducción de impuestos sobre ganancias extraordinarias, a la riqueza, a las actividades extractivas y a la economía digital. 

Finalmente,  continuaremos impulsando la articulación regional y global para impulsar mecanismos fiscales progresivos para el financiamiento público en espacios clave como la Plataforma Tributaria para América Latina y el Caribe (PTLAC) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional (UNTC).

Las organizaciones firmantes seguiremos de cerca el proceso de implementación del Compromiso de Tlatelolco, así como las condiciones de participación del sector privado en la provisión de bienes y servicios públicos asociados a los cuidados y el acelerador de inversiones. No daremos un paso atrás en nuestra exigencia por un  financiamiento público progresivo, sostenible y sin condicionalidades. 

Organizaciones de la sociedad civil de América Latina y el Caribe