Los avances en derechos humanos y democracia en América Latina y el Caribe enfrentan hoy una fuerte contraofensiva articulada por grupos antiderechos. Estos se configuran como alianzas estratégicas entre élites económicas, sectores políticos conservadores y fundamentalismos religiosos, unidos por un objetivo común: restringir derechos y garantizar la concentración de poder y riqueza[1].

La extrema desigualdad de poder y riqueza está demostrando que la economía de mercado y las democracias (en muchos casos capturadas) no han logrado cumplir sus promesas de bienestar económico, inclusión social y participación política. Por ello, América Latina es la región más desigual del mundo, donde el 1% más rico concentra 55 veces más riqueza que el 50% más pobre. Esta desigualdad tiene rostro de hombre en la acumulación de riqueza, mientras que la pobreza afecta principalmente a mujeres, sobre todo jóvenes, rurales, afrodescendientes y de pueblos originarios (OXFAM, 2024).

Sumado a esto, las tendencias neoliberales que marcan las agendas políticas de nuestros países en la actualidad pretenden posicionar la figura de un “Estado mínimo”[2] (CEPAL, 2017, p. 203) que tiene como efectos el desfinanciamiento y/o eliminación de políticas para garantizar derechos y protección social de la ciudadanía. Así como también, despolitizar y producir el cierre del espacio cívico donde los movimientos sociales, feministas, LGBTIQ+ y de DDHH tejen alianzas para articular demandas y políticas más inclusivas y justas. Ejemplo Miley en Argentina, Bukele en El Salvador.

Los grupos antiderechos sostienen su avance mediante narrativas simplificadas y emocionales que instrumentalizan la llamada “ideología de género” como enemigo común, movilizando miedos y malestares sociales para legitimar discursos de odio y criminalizar a movimientos feministas, LGBTIQ+ y de derechos humanos[3].

Su proyecto se sostiene en reproducir y profundizar desigualdades de género, raciales y socioeconómicas. La estructura patriarcal de la familia funciona como instrumento de control: las mujeres asumen la sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado o precarizado que limita su autonomía económica y restringe su participación política. En la región, el 27% de las mujeres carecen de ingresos propios y más del 50% trabaja sin acceso a seguridad social, perpetuando un ciclo de dependencia económica (CEPAL, 2025).

Estas estrategias también deslegitiman espiritualidades ancestrales, imponiendo valores religiosos hegemónicos que borran identidades colectivas y debilitan la diversidad cultural. Al mismo tiempo, se valen de la manipulación de la libertad de expresión para difundir odio y desinformación, controlando medios tradicionales y redes digitales mediante bots, laboratorios de ideas y mensajes empaquetados que apelan al supuesto ¨sentido común¨[4].

Frente a este escenario, el informe busca hacer una llamado a la acción, a fortalecer la acción colectiva de los movimientos feministas y LGBTIQ+, generar alianzas intersectoriales y recuperar la potencia transformadora de narrativas que convoquen a la esperanza, la igualdad y la justicia. Desarmar estas redes de poder requiere articular estrategias jurídicas, políticas y culturales para garantizar Estados inclusivos, redistribuir recursos y superar un modelo de desarrollo extractivista y patriarcal que hoy beneficia a unos pocos, mientras perpetúa múltiples desigualdades para la mayoría.

[1] Econonuestra, Oxfam LAC, 2024, pag.30

[2] Consensos y conflictos en la política tributaria de América Latina, CEPAL, 2027, pag. 203

[3] IM-Defensoras, una mirada Mesoamérica: defender la vida en territorio hostil, 2023.

[4] Narrativas sobre ¨ideologia de género¨ una amenaza para los derechos humanos, AWID, 2022