Las desigualdades de género en América Latina no son un fenómeno aislado: son el resultado de un modelo de desarrollo extractivista y de un sistema patriarcal que carga desproporcionadamente a las mujeres con el trabajo de cuidados no remunerado.

Esta dinámica, agravada por la pandemia, se traduce en brechas económicas profundas: el 27 % de las mujeres no tiene ingresos propios, su participación laboral es 23 puntos porcentuales menor que la de los hombres, y por cada 100 unidades monetarias que gana un hombre, una mujer recibe 81.5. A esto se suma que más de la mitad de las trabajadoras están excluidas de la protección social debido a la informalidad.

El problema no es solo la falta de empleos dignos o de recaudación tributaria suficiente, sino también un sistema fiscal que perpetúa privilegios en lugar de redistribuir riqueza. Mientras los Estados enfrentan restricciones fiscales por el aumento de la deuda, los derechos de las mujeres —especialmente al cuidado— quedan en el vacío, con políticas fragmentadas que solo benefician a quienes están en el mercado laboral formal.

Este espacio explora por qué la justicia de género exige una reforma tributaria transformadora: un sistema donde quienes más tienen paguen más, donde los beneficios fiscales no profundicen inequidades y donde los recursos financien políticas públicas que alivien la carga de cuidados. Avanzar hacia un pacto fiscal feminista no es solo una demanda económica, sino un paso indispensable para desarmar los nudos estructurales de la desigualdad. Porque sin fiscalidad justa, no hay redistribución posible. Y sin redistribución, no hay igualdad.