América Latina y el Caribe es la región más peligrosa del mundo para quienes defienden el ambiente y los derechos humanos. Frente a esta crisis, el Acuerdo de Escazú (2018) se erige como un hito histórico: el primer tratado regional vinculante que no solo garantiza derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental, sino que también establece protecciones específicas para las personas defensoras, incorporando además un enfoque de género pionero.

Este informe analiza el estado de implementación del Acuerdo en 2025, con énfasis en el Artículo 9 (protección de defensores ambientales) y el Plan de Acción Regional aprobado en la COP3 (Santiago, 2024). A través de casos emblemáticos, avances normativos y obstáculos persistentes, revela la brecha entre los compromisos internacionales y la realidad en los territorios, donde persisten la criminalización, el extractivismo descontrolado y la violencia estructural.

Más que un diagnóstico, el documento es una herramienta para la incidencia y la acción: identifica logros concretos en países como Colombia, México y Chile, pero también exige respuestas urgentes para Centroamérica y otras zonas de alto riesgo. Con un enfoque crítico, busca fortalecer la articulación entre Estados, sociedad civil y movimientos sociales para hacer de la democracia ambiental una realidad en la región.

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Este informe fue coordinado por Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF) y elaborado de forma colaborativa con organizaciones de la sociedad civil de toda América Latina comprometidas con la defensa del ambiente y los derechos humanos. Entre las entidades autoras se encuentran referentes con amplia trayectoria en el seguimiento del Acuerdo de Escazú, como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) de Colombia, FIMA de Chile, La Ruta del Clima de Costa Rica, Nuestro Futuro de México y Sustenta Honduras. El proceso también contó con valiosos aportes de Mijael Kaufman Falchuk e Irene Murillo, ambos representantes electos del público en el marco del Acuerdo. La realización del informe fue posible gracias al apoyo de Oxfam y de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA).