América Latina y el Caribe transita hacia una economía basada en el respeto de los límites planetarios, garantizando el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes; enfrentando las causas de la crisis ambiental y climática, e implementando un modelo de desarrollo resiliente. Lo que supone un cambio de su matriz productiva y energética, la preservación de los ecosistemas, la limitación de las actividades extractivas, el cumplimiento de los acuerdos internacionales en materia ambiental y la protección de la población afectada por los impactos del cambio climático.

• Influiremos en políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes, y en las políticas y prácticas de las empresas (en las cadenas alimentarias, energéticas y mineras), con énfasis en el acceso a la tierra, los bienes comunes naturales, así como el consentimiento libre, previo e informado, y el ejercicio pleno de derechos y sus propias formas de gobierno y leyes por parte de los pueblos indígenas.
• Vigilaremos y demandaremos a los estados, instituciones financieras y sector privado la protección de las y los defensores de derechos de la tierra, el territorio y medioambiente, y apoyaremos sus medidas de protección y acceso/desarrollo a la justicia.
• Influiremos en políticas de regulación a las industrias extractivas, los agronegocios y la propiedad rural, y directamente en las políticas y prácticas de las empresas (en las cadenas alimentarias, energéticas y mineras), en materia ambiental, fiscal y de derechos, promoviendo una gobernanza sostenible de los bienes comunes naturales.
• Influiremos en el debate y las políticas orientadas a una transición hacia economías sostenibles, promoviendo desde la experiencia de las comunidades locales la construcción de un modelo económico inclusivo, resiliente y adaptativo que garantice la preservación de los ecosistemas y el derecho al desarrollo de las comunidades en el marco de los límites planetarios.
• Promoveremos en diversos espacios internacionales la cooperación técnica y financiera de los países desarrollados dirigida a apoyar los procesos de transición en la región, bajo criterios de justicia, soberanía y derecho al desarrollo. Se promoverá en el sector privado un rol más activo en los procesos de transición hacia modelos sostenibles.
• Implementaremos acciones de respuesta humanitaria dirigidas a preservar los medios de vida, la seguridad alimentaria y la protección de las comunidades, mediante una adecuada gestión del riesgo de desastres y la generación de sistemas resilientes.

Los cambios que buscamos no son posibles sin un marco democrático que garantice los derechos y libertades de las personas y sin la inclusión de la participación ciudadana en las decisiones, estas son precondiciones que hacen al conjunto del marco estratégico. Nuestro trabajo en relación con este tema será definido de acuerdo a cada contexto, priorizando las acciones dirigidas a:

• Protección de defensoras/es del territorio y ambientales, defensoras/es de derechos humanos, activistas feministas y juveniles, líderes/as sociales.
• Población en condición de movilidad humana, como una de las más dramáticas de la desigualdad, el cambio climático y crisis múltiples.
• Cierre de espacio cívico y retrocesos democráticos como factor condicionante para el desarrollo de la estrategia en su conjunto.
• Habilitación y fortalecimiento de la ciudadanía activa, que promueva los cambios que requiere y sostenga en el tiempo dichos cambios.

Reconocemos nuestras limitaciones en recursos y capacidades para encarar estos temas, por lo que nuestras acciones buscarán reforzar y articularse a los esfuerzos de otros actores, donde podamos ofrecer un valor agregado.