Ratificar Escazú es una decisión estratégica de Estado. Permite reducir la conflictividad socioambiental, prevenir violaciones de derechos humanos y fortalecer la democracia ambiental en contextos marcados por extractivismo, economías ilegales y débil presencia institucional.

Para las mujeres defensoras, la ratificación significa pasar de la exposición al riesgo a la existencia de obligaciones claras de protección, transparencia y rendición de cuentas. Significa contar con herramientas legales para acceder a información, participar en decisiones que afectan sus territorios y exigir justicia frente a abusos e impunidad.

Ratificar Escazú no limita la soberanía: la fortalece, al consolidar el Estado de derecho, prevenir conflictos y proteger a quienes sostienen la vida en los territorios.

Allí donde la participación no es segura, la información no es accesible o la protección es genérica, la violencia persiste. Las mujeres indígenas, campesinas y afrodescendientes continúan enfrentando hostigamiento, criminalización, sobrecarga de cuidados y agresiones que limitan su liderazgo y ponen en riesgo su vida.

Implementar Escazú con enfoque de género implica ir más allá del cumplimiento formal del tratado. Requiere protocolos de protección específicos, participación pública en condiciones de seguridad, presupuestos adecuados y el reconocimiento del trabajo de cuidados como parte de la defensa territorial.

Cuando Escazú se implementa de manera integral, fortalece la democracia ambiental, previene la violencia y permite que las mujeres defensoras continúen sosteniendo la vida, el territorio y el futuro de sus comunidades.