Oxfam en Centroamérica presenta la evaluación “Sin cosechas, ni protección social”, un estudio sobre seguridad alimentaria y cobertura de programas de protección social en hogares rurales de Guatemala y Honduras.

La investigación, realizada por Oxfam en Centroamérica y Acción Contra el Hambre entre octubre y noviembre de 2025, recoge información de 2,236 hogares en los 22 departamentos de Guatemala y 1,630 hogares en 16 departamentos de Honduras. Sus resultados muestran que la inseguridad alimentaria rural no es solo una crisis de consumo inmediato, sino una expresión de vulnerabilidades estructurales agravadas por la crisis climática, la falta de ingresos suficientes, el limitado acceso a tierra, la pérdida de cosechas y la baja cobertura de protección social.

El informe estima que al menos 5.7 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa en ambos países. En Guatemala, solo el 9.5% de los hogares rurales se clasifica en seguridad alimentaria; en Honduras, apenas el 6.6%. Aunque muchos hogares logran mantener un consumo mínimo, lo hacen recurriendo a estrategias que deterioran sus medios de vida, como endeudarse, vender activos o reducir gastos esenciales. La evaluación también evidencia que la crisis golpea con más fuerza a hogares encabezados por mujeres, comunidades indígenas y territorios rurales más expuestos a choques climáticos.

Esta fragilidad podría profundizarse ante los impactos asociados al Fenómeno de El Niño en 2026, especialmente en el Corredor Seco Centroamericano, donde los hogares rurales enfrentan mayores riesgos por la variabilidad climática, la pérdida de cosechas, la ausencia de reservas alimentarias y la limitada cobertura de asistencia pública.

Frente a esta realidad, Oxfam llama a fortalecer los sistemas de protección social, apoyar los medios de vida y agricultura familiar, mejorar la capacidad de anticipación ante crisis climáticas y garantizar respuestas públicas con enfoque de género y pertinencia cultural y territorial. Es urgente ampliar el financiamiento público e internacional para responder y anticipar la crisis de inseguridad alimentaria rural a la que se exponen los hogares rurales en Honduras y Guatemala. Sin una respuesta financiada a la escala del problema, las familias en mayor vulnerabilidad enfrentarán nuevos choques climáticos y alimentarios con menor capacidad de recuperación.